Desde Madrid se enuncia que el Tribunal Constitucional retoma los diálogos sobre el Estatut de Autonomía de Catalunya. Desde Barcelona, la prensa catalana hace un llamamiento al unísono, en defensa del Estatut, política defendida por el Gobierno Tripartito, lo que curiosamente puede inducir a sospechas.
Quiero creer que no ha habido interferencia política, pues al contrario, estaríamos ante una grave interferencia en los medios públicos, no respetando la libertad de expresión, atentando contra un Estado de Derecho.
Estos días leía unas declaraciones de Carod en la que en resumidas cuentas decía que el Tribunal Constitucional no tenía la competencia para desautorizar y recortar la voluntad del pueblo catalán manifestada en un referendum. Veamos, en primer lugar, ya sea por desgracia o por fortuna, tenemos una Constitución de 1978, en la que el conjunto de la ciudadanía española eligió en ese año el cambio de un sistema centralista a un Estado democrático descentralizado y, con ello, se concedió cierta autoridad a las comunidades autónomas que declararían su autonomía mediante un procedimiento establecido en la propia Constitución y, a su vez, se previó un procedimiento abreviado del que se benefició Catalunya.
Con el Estatut de Autonomía de Catalunya de 1979, se declaró la autonomía catalana y con una gran declaración de intenciones se recuperó todo aquello que había sido censurado por la Dictadura. Y en esa Constitución misma se estableció un sistema de derechos y obligaciones para ciudadanos e instituciones e, incluso, defiende los propios intereses de Catalunya frente a intromisiones ilegítimas de otra autonomía o del propio Estado central atribuyendo el conocimiento de todo ello a un tribunal garante de la misma, es decir, el Tribunal Constitucional.
Ahora, en el 2009, en ese Tribunal hay un proceso pendiente por una supuesto inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía del año 2006 de Catalunya. No entraré en lo que me pueda parecer constitucional o inconstitucional, yo respeto la resolución del tribunal así como los argumentos tanto de las partes intervinientes y se deberá acatar la sentencia pertinente, pues no irá en contra de los intereses de catalunya y, digo que no irá, porque el famoso Estatut no fue votado por una mayoría de los ciudadanos censados en Catalunya. Pero una vez más, se da relevancia política a determinados hechos no queridos por la ciudadanía o por la inmensa minoría. Y llama la atención que un partido político determinado que propuso el No, ahora defienda aquello que no quería. Que fue recortado dicen, pero ahora es nuestro!
Quiero recordar a todos que el Tribunal Constitucional puede cortar todas las normas, refrendadas o no, independientemente de donde provengan, excepto las de organismos internacionales.
Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de que, independientemente de lo que digan algunos, el Tribunal Constitucional debe resolver con la total independencia y sin existencia de intromisiones ajenas que puedan afectar al Estado de Derecho. Imagínense que un tribunal va a resolver sobre un asunto de divorcio y se manifiesta la familia de uno de los divorciantes; o que un tribunal va a resolver sobre la culpabilidad o no de una persona y se manifiestan los familiares en defensa del imputado; y podría seguir poniendo ejemplos de tan agravio al Estado de Derecho, pues esto no deja de ser un ataque al Estado de Derecho ya de por sí algo debilitado como consecuencia de un determinado colectivo político, que no se merece comentario de ningún tipo.
Si a la gente le gusta hacer las cosas con calma y tranquilidad y sin interferencias ni intromisiones ajenas, dejemos a los tribunales garantes de nuestros derechos y no convirtamos la espera en una pelea, de la que yo me mantengo al margen.


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